Con el respaldo académico de la Escuela de Administración Pública (ESAP), Aguas del Cesar y la Contraloría Departamental llevaron al municipio de La Jagua de Ibirico el seminario sobre Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cual se pretendió que los veedores, líderes comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general de la localidad, se instruyera respecto a cómo la ciudadanía puede ejercer sus derechos y deberes en relación con la prestación de estos servicios.
Durante el seminario, realizado durante dos días en la Casa de la Juventud, William Badillo, docente de la ESAP, explicó al público presente que “el ciudadano debe participar activamente en la toma de decisiones que los afectan”, por lo que tiene el derecho a estar informado. En este sentido, aseveró que “a partir de un ciudadano informado y formado, se genera transformación”.
Indicó Badillo que “lo fundamental es que estamos todos en el propósito de cimentar las bases de nueva cultura de servicios públicos domiciliarios, eso empieza por edificar una nueva postura del ciudadano frente a la prestación”.
Añadió el docente que “venimos de la cultura del no pago entronizada, enraizada en el comportamiento de la gente, es por el querer y el sentir de que el Estado debe regalarle todo, pero estamos en una nueva era y ello requiere una nueva cultura más responsable, es decir que el ciudadano entienda que tiene un conjunto de derechos, que el marco de la prestación de los servicios públicos le concede derechos pero que también le establece un conjunto de responsabilidades”.
Así las cosas, “no podríamos aspirar como ciudadanos a que se nos preste un servicio óptimo, eficiente y de primera calidad sin que eso pase por la necesidad y la obligación de pagar puntual los servicios públicos domiciliarios”, culminó.
Actualmente Aguas del Cesar ejecuta en el municipio La Jagua de Ibirico la obra de instalación de micromedidores, con el propósito de generar cultura del ahorro y consumo eficiente del agua potable, tal como lo establece la ley 142 de 1994 relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.